Ante las dudas surgidas en torno a la Ley 12/2016 de la comunidad autónoma vasca, hemos recibido una comunicación oficial de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que expresa textualmente tres puntos esenciales:
«1.- Cualquier solicitud de víctimas del terrorismo debe canalizarse en el marco de las leyes aprobadas expresamente para el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, singularmente a través de la ley estatal 29/2011 y de la ley vasca 4/2008.
»2.- Conviene añadir que existe una propuesta de la Asociación Víctimas del Terrorismo que plantea la modificación de la citada Ley 4/2008, con el objeto de revisar sus prestaciones. Esta propuesta debería abordarse en la próxima legislatura por los grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco.
»3.- No consideramos conveniente generar falsas expectativas en el universo de las víctimas ni de sus familias, ni utilizar a las víctimas como instrumento partidario, porque todo ello termina generando revictimización y más sufrimiento.».

Desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo reiteramos, una vez más, nuestra seriedad y responsabilidad en la defensa de los verdaderos intereses y del bienestar de nuestro colectivo, así como nuestra firme convicción de que las víctimas del terrorismo son un asunto de Estado. Sin siquiera buscarlo, dieron sus vidas y la felicidad de sus familias por la convivencia democrática de nuestra sociedad. Las víctimas no deben ser «carnaza» del debate político o partidista, ni siquiera con la mejor de las intenciones.

En nuestra asociación hay personas de todas las ideas y filiaciones ideológicas y políticas, pero a todas nos une no solo el respeto y la tolerancia de quienes vivimos en carne propia a dónde conduce el extremismo, sino también el deseo de alcanzar el máximo bienestar posible para la vida cotidiana de nuestras familias. Por ello, en su momento impulsamos la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos entonces representados en el parlamento andaluz. Con sus luces y sombras, esta legislación supuso un avance en el apoyo a las víctimas en nuestra región.

Precisamente, en este momento nos hallamos enfrascados nuevamente en conversaciones y negociaciones con todos los grupos parlamentarios andaluces para perfeccionar y ampliar las prestaciones y la asistencia efectiva a las víctimas contempladas en dicha ley 10/2010 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Seguiremos al tanto de toda la actualidad legislativa y de cualquier oportunidad de reconocimiento y resarcimiento a nuestras víctimas e informaremos siempre con responsabilidad y objetividad, en estrecha comunicación con las entidades de la Administración, tanto estatales como autonómicas, encargadas de tramitar y poner en marcha cualquier tipo de apoyo a las víctimas del terrorismo.