Tras años de diálogo y trabajo conjunto entre la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) y el parlamento de Andalucía, el 15 de noviembre de 2010 se aprobó, por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU, en aquel momento) la Ley 10/2010, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su exposición de motivos, el texto legal afirmaba: «Las víctimas del terrorismo han sido, con su contribución personal, el exponente de una sociedad decidida a no consentir que nada ni nadie subvierta los valores de la convivencia, de la tolerancia y de la libertad. Por eso las víctimas constituyen el más claro paradigma de la voluntad colectiva de los ciudadanos en pro de un futuro en paz que se ha de construir desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre las diversas opciones políticas que ostentan la representación legítima de la ciudadanía».

Foto de archivo: En 2010, el presidente de la AAVT, Joaquín Vidal, a la izquierda, junto a los diputados Manuel Gracia y Antonia Moro, en un encuentro sobre la entonces Proposición de Ley, que sería finalmente aprobada en noviembre de ese año.

La ley consta de seis capítulos: en el I establece las disposiciones de carácter general (objeto, clases de medidas, beneficiarios, requisitos para la concesión de las ayudas, naturaleza de las medidas y organización y principios del procedimiento); en el II se regulan las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, así como las reparaciones por daños materiales e indemnizaciones por situación de dependencia; en el capítulo III se describen las prestaciones asistenciales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de las materias que le son propias en los ámbitos sanitario, psicológico, educativo, de empleo y de vivienda; en el IV se estipulan los honores y distinciones de la Comunidad de Andalucía a las víctimas del terrorismo y a las instituciones; en tanto el V se ocupa de la regulación de las medidas a implementar en materia de empleo público y el capítulo VI prevé la concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados.

Esta importante legislación se topó con un contexto presupuestario especialmente difícil durante estos años de crisis, pero el apoyo generoso de la sociedad andaluza a sus víctimas del terrorismo ha cobrado finalmente vida en acciones concretas. La  voluntad política de apoyo a las víctimas por parte de la Junta de Andalucía y la perseverancia de la AAVT en la representación de los intereses y necesidades de estas han logrado avances significativos en la aplicación de la ley.

En tal sentido, el 2018 marca un punto de inflexión, particularmente en el tema de las indemnizaciones económicas pendientes. Después de un esfuerzo considerable en 2017, en este año 2018 el presupuesto para abonar las indemnizaciones crecerá hasta 3.700.000 €, y -según ha confirmado la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar,  al presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal,  tales indemnizaciones serán totalmente cubiertas entre 2018 y 2019. Incluso, hacia final de este 2018 ese fondo podría aumentar y rebasar la cifra planificada, tal como ocurrió el pasado año, cuando al término del ejercicio la cantidad inicialmente planificada se incrementó en un millón 300 mil euros.

Detrás de esta noticia está el esfuerzo incansable de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), encabezada por Joaquín Vidal, que ha defendido con admirable perseverancia los intereses, no solo de los asociados a la AAVT, sino de todas las víctimas del terrorismo de Andalucía.